En 2015, entró en vigencia la Ley 20.850, conocida como Ley Ricarte Soto, que creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con efectividad probada, para algunas enfermedades oncológicas, inmunológicas, raras o poco frecuentes, otorgando así garantía de cobertura total.

Los tratamientos cubiertos por esta Ley son entregados por establecimientos acreditados por el Ministerio de Salud (Minsal), los cuales deben cumplir con requisitos específicos de especialidad e infraestructura que permitan garantizar la calidad de las prestaciones entregadas. 

Actualmente, cubre 18 patologías, entre ellas la enfermedad de Crohn, la cual puede ser manejada en el Hospital San Pablo de Coquimbo, puesto que es el único centro acreditado en la región para la Ley Ricarte Soto en las tres etapas de la patología: confirmación, tratamiento y seguimiento, con esto los pacientes ya no deben viajar a otras regiones para recibir terapia, con los costos que ese acto implica.

“Después de un gran trabajo de coordinación y compromiso del establecimiento por cerca de dos años, se logró implementar la infraestructura requerida y conformar un equipo profesional multidisciplinario para cumplir con los requisitos necesarios para ser acreditados como órgano prestador en junio de este año”, comentó la doctora Irene Donoso Sierra, gastroenteróloga referente de la enfermedad de Crohn en el recinto asistencial.

Desde la acreditación se han asignado tres pacientes para recibir tratamiento para enfermedad de Crohn al Hospital de Coquimbo. “Para que el paciente postule a este beneficio, explicó la especialista, debe ser evaluado en distintas áreas. Por ejemplo, se debe saber la extensión del compromiso, la gravedad, la respuesta o fracaso a tratamientos previos, complicaciones, cirugías previas, entre otros aspectos. Estos antecedentes junto a exámenes clínicos se envían al comité de expertos del Minsal, quienes confirman o descartan el patrocinio. Cuando éste se ratifica comenzamos a entregar los tratamientos en los plazos establecidos”.

Para el equipo de trabajo conformado por Mariana Araya, coordinadora de la Ley Ricarte Soto; la enfermera Camila Figueroa; y la doctora Irene Donoso, el acreditarse como prestadores en esta patología “es una gran satisfacción, porque le estamos brindando una mejor calidad de vida a nuestros pacientes”, enfatizaron.