La pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha impactado en todos los ámbitos de la sociedad, instalando problemáticas y desafíos que deben ser abordados con urgencia por las autoridades de cada país. Ocurre en el sector sanitario, donde sus políticas públicas y el enfoque que debiesen tener a futuro recogiendo las experiencias que deje la actual crisis, fueron analizadas en el marco de un conversatorio online organizado por la Universidad Andrés Bello.

“Es importante discutir este tema, porque podemos contribuir en la generación de propuestas. Las personas que arrastraban problemas de salud, hoy están mucho más vulnerables y expuestas”, comentó Sofía Oyaneder, magíster en psicología clínica y expositora del encuentro virtual, en el cual también participaron Emanuel Rechter, director de la carrera de psicología sede Santiago; y Rodrigo Vera, profesor de terapia ocupacional en Concepción. 

La actividad, dirigida por el Centro de Políticas Públicas de la casa de estudios, tuvo su eje en la salud mental y cómo esta se ha visto afectada, más aún si se considera que previo a la aparición de la COVID-19 ya existían altas tasas de trastornos y patologías. “Aquellos con problemas más complejos pueden ser tremendamente perjudicados”, coincidieron.

“Durante la pandemia se han dado situaciones que podrían acrecentar la aparición o agravar patologías a raíz de la propia incertidumbre y ansiedad, generados por el aislamiento físico, teletrabajo, clases virtuales de los hijos, pérdida de empleo, pobreza y violencia intrafamiliar. También hay que tener en cuenta el impacto en los funcionarios de salud, quienes están sometidos a largas jornadas y momentos críticos”, detalló Francisco Vicencio, investigador del Centro de Políticas Públicas y moderador del conversatorio.

Para Rodrigo Vera, es clave descubrir oportunidades para reconstruir los lazos sociales y el sentido de comunidad, “donde la cooperación, solidaridad y autogestión, sean valores que permitan afrontar de mejor manera nuevas crisis sociales o sanitarias. Por otro lado, a nivel institucional, debe haber un cambio profundo en la concepción de la salud mental y su abordaje, es decir, no manejarla solo como una enfermedad, sino que desde una perspectiva transversal y pensarla como un derecho humano”.

Una de las conclusiones del encuentro fue la necesidad de desarrollar políticas públicas que mitiguen los efectos de la crisis en el mediano y largo plazo. En lo inmediato, en Chile se anunciaron programas gubernamentales dirigidos a adultos mayores, niños y personal de salud.

“Se debe poner atención en problemas de la salud mental de grupos en riesgo, tales como personas con trastornos severos, con consumo perjudicial y dependencia de drogas y alcohol, en víctimas de violencia de género y doméstica, en niños y adolescentes y equipos que estén trabajando directamente en el tratamiento de la COVID-19”, agregó.

Finalmente, Rechter, doctor en psicología, sostuvo que “en la medida que empecemos a dejar todo esto atrás es probable que se genere un aumento significativo de sintomatología asociada tanto a efectos directos como indirectos de la pandemia. Ello requerirá un gran esfuerzo en materia de cobertura asistencial para un sistema que ya se encuentra en el límite de su capacidad de atención”.