La reducción de las listas de espera continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema sanitario chileno. Si bien el incremento de recursos destinados a resolver cirugías pendientes representa un avance, el éxito de esta estrategia dependerá de priorizar a los pacientes según criterios clínicos objetivos, asegurar la continuidad asistencial y medir los resultados obtenidos más allá del volumen de prestaciones realizadas.

En este escenario, la implementación del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) busca fortalecer la capacidad resolutiva mediante la integración de prestadores públicos y privados, permitiendo acelerar el acceso a intervenciones quirúrgicas de alta demanda. Sin embargo, la oportunidad de esta política también abre una discusión más profunda sobre el verdadero impacto que tienen las demoras prolongadas en la evolución de enfermedades crónicas, el deterioro funcional y la sostenibilidad del sistema de salud.

Para abordar estos desafíos, el doctor Manuel González, director médico corporativo de Red Interclínica, analiza la evidencia disponible respecto a las consecuencias clínicas de las listas de espera, los criterios que deberían orientar la priorización quirúrgica y los elementos necesarios para consolidar un modelo colaborativo basado en calidad, seguridad y resultados centrados en las personas.

- ¿Qué consecuencias tiene prolongar la espera de un paciente con indicación quirúrgica?

Lo primero es entender que las listas no representan únicamente un retraso administrativo. Cada mes adicional tiene repercusiones clínicas concretas. Cuando una persona permanece demasiado tiempo esperando una cirugía, la enfermedad continúa progresando y disminuyen las probabilidades de obtener una recuperación funcional óptima.

A ello se suma un componente muchas veces subestimado: el impacto emocional y social. La pérdida de autonomía modifica completamente la vida cotidiana, afecta la salud mental, limita la capacidad laboral y repercute directamente sobre la dinámica familiar, especialmente cuando quien enferma constituye el principal sostén económico del hogar.

- ¿Qué variables deberían considerarse al momento de decidir qué pacientes acceden primero a una resolución quirúrgica?

Probablemente este sea uno de los mayores desafíos de cualquier sistema de salud. La priorización no puede sustentarse exclusivamente en el tiempo que una persona lleva esperando, porque no todos experimentan el mismo impacto clínico durante ese período.

Hoy sabemos que la evaluación debe ser multidimensional. Es necesario incorporar variables como el grado de discapacidad funcional, intensidad del dolor, pérdida de movilidad, velocidad de progresión de la enfermedad, presencia de comorbilidades y el riesgo de deterioro futuro.

También es importante considerar el contexto social. Existen personas cuya afección les impide trabajar, compromete el sustento económico o carecen de redes de apoyo para enfrentar una discapacidad prolongada.

En ese sentido, la edad por sí sola ha dejado de ser un criterio excluyente. Existe abundante evidencia que demuestra que incluso los mayores de 80 años pueden beneficiarse significativamente, por ejemplo, de una artroplastía, logrando recuperar independencia y mejorar sustancialmente su calidad de vida.

Diversos países ya utilizan algoritmos que incorporan estas variables para estimar los años de vida ajustados por calidad que puede recuperar un paciente mediante una cirugía. Ese tipo de herramientas representa una evolución importante hacia sistemas de priorización más objetivos y equitativos.

- La implementación del SAP contempla una mayor participación de prestadores privados. ¿Qué desafíos implica esta integración desde el punto de vista asistencial?

Uno enorme, porque resolver una cirugía no significa solucionar toda la patología. Muchas veces pensamos que el éxito depende exclusivamente del acto quirúrgico, cuando en realidad la cirugía representa solo una parte del tratamiento. La otra mitad corresponde a la rehabilitación, el seguimiento y la continuidad de los cuidados. Uno puede realizar una intervención técnicamente impecable, pero si posteriormente la persona no recibe una rehabilitación adecuada, difícilmente obtendrá un buen resultado funcional.

Uno de los grandes desafíos consiste en asegurar que exista continuidad entre ambos sistemas. Chile todavía no cuenta con una ficha clínica única, lo que dificulta la transferencia de información entre el prestador privado y el público. A ello se suma la necesidad de homologar estándares de calidad. No todos los centros utilizan los mismos protocolos, insumos o prótesis, por lo que avanzar hacia procesos estandarizados permitirá comparar resultados y garantizar una atención segura para todos.

- Desde una perspectiva académica, ¿qué aprendizajes deja la colaboración público-privada para el diseño de futuras políticas sanitarias?

Una enseñanza muy importante: ningún sistema puede resolver este problema por sí solo. La magnitud de las listas de espera demuestra que el trabajo entre ambos sectores dejó de ser una alternativa y pasó a transformarse en una necesidad.

Más que una medida excepcional, esta experiencia debería convertirse en un laboratorio para diseñar políticas sanitarias permanentes, capaces de estandarizar procesos, generar mecanismos de financiamiento sostenibles y definir flujos asistenciales que permitan responder de manera más eficiente a la demanda.

Por María Ignacia Meyerholz