El déficit de vitamina D representa uno de los problemas nutricionales más frecuentes en Chile y afecta a personas de todas las edades. Con el propósito de enfrentar esta situación, el país comenzó a implementar la fortificación obligatoria de la leche y la harina de trigo con este micronutriente, convirtiéndose en el primero de Latinoamérica en adoptar una estrategia de este tipo como política pública.

La medida, incorporada al Reglamento Sanitario de los Alimentos, busca aumentar el consumo habitual de vitamina D mediante alimentos ampliamente presentes en la dieta de la población. La iniciativa fue impulsada por un equipo de especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, quienes promovieron esta propuesta tras evidenciar la alta prevalencia de la deficiencia y su impacto en la salud.

"La fortificación de alimentos es una de las estrategias de salud pública más costo-efectivas para mejorar el estado nutricional de las personas. Al incorporar vitamina D podemos alcanzar a un amplio porcentaje de la población sin modificar sus hábitos alimentarios", explicó el doctor Francisco Pérez-Bravo, académico de la Facultad de Medicina UC y uno de los impulsores de la iniciativa.

Este macronutriente desempeña un papel esencial en la absorción de calcio y fósforo, favorece la salud ósea y muscular y participa en el funcionamiento del sistema inmunológico. Sin embargo, factores como la escasa exposición solar, el envejecimiento y los cambios en los estilos de vida han contribuido a que una proporción importante presente niveles insuficientes.

Los especialistas destacan que esta normativa complementa otras medidas de prevención y promoción de la salud, pero no reemplaza una alimentación equilibrada, la actividad física ni una exposición solar segura. Su principal fortaleza radica en que permite mejorar su aporte de manera equitativa, utilizando productos de consumo cotidiano.

Con esta implementación, Chile se suma a la experiencia de países que han recurrido a la fortificación alimentaria para prevenir deficiencias nutricionales y reducir su impacto en la salud pública, consolidando una estrategia basada en la evidencia.