Las alergias alimentarias son un conjunto de enfermedades en las que los síntomas se producen por la respuesta inmunológica anormal del organismo frente a un alérgeno presente en algún alimento en los individuos susceptibles. 

En la mayoría de los casos, la reacción es inmediata. Se produce –incluso- después de la ingesta de cantidades pequeñas de alimento y afectan al tracto gastrointestinal, respiratorio o la piel principalmente, predominando las manifestaciones gastrointestinales en lactantes y niños menores.

Estas reacciones de intolerancia ocurren en alrededor del 2 a 6% de los niños, cifra que internacionalmente va en aumento. La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es la más común de todas entre lactantes y se presenta en el 2 a 3 % de los menores de tres años, quienes deben consumir productos especializados para suplir este alimento, que se suele consumir durante toda la infancia como parte de una dieta equilibrada.

El tratamiento de la APLV se basa en evitar estrictamente la proteína de la leche de vaca (PLV) de todos los alimentos y medicamentos en los pacientes afectados, tanto en aquellos con reacciones mediadas por la inmunoglobulina E (IgE) como en los que no, lo que implica una carga económica importante debido al alto costo de fórmulas alternativas que se requieren para alimentar al niño afectado cuando no puede recibir lactancia materna.

Conscientes de esta realidad, el Ministerio de Salud (Minsal) amplió el rango de beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Complementaria-Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (PNAC-APLV), estableciéndolo como gratuito para todos los niños menores de dos años del sistema público y privado, independiente de su sistema de previsión.

Esta expansión se traduce en un aumento de los puntos de distribución, pasando de hospitales públicos a establecimientos de atención primaria de salud (Cesfam), que se irán abasteciendo progresivamente y donde las personas beneficiadas podrán retirar las fórmulas hipoalergénicas.

El único requisito es que el niño sea diagnosticado e inscrito por un médico pediatra, inmunólogo o gastroenterólogo que esté en la Superintendencia de Salud y los beneficiarios podrán recibir hasta 4.5 kilos de producto mensual, de acuerdo a sus requerimientos nutricionales indicados por el médico especialista, lo que puede llegar a representar un ahorro de incluso $330.000 al mes, si se considera que un tarro de 400 gramos puede superar los $30.000.