Investigadoras de la Universidad de Chile, lideradas por la doctora Adela Montero, han identificado ciertos obstáculos que dificultan la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en sus tres causales.

Entre las barreras observadas, se encuentran la desinformación tanto de los equipos de salud como de las mujeres, así como la objeción de conciencia por parte de algunas instituciones. También consideran existe una interpretación errónea de la ley y gran estigma social.

Para presentar propuestas que mejoren la implementación de esta normativa, la doctora Montero trabaja en el proyecto Fondecyt: "Representaciones sociales de actores relevantes vinculadas con las principales barreras a las prestaciones garantizadas en la ley 21.030, que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales en Chile".

Este corresponde a una investigación cualitativa realizada entre 2021 y 2023, donde se entrevistaron a 71 integrantes de equipos de salud provenientes de 12 instituciones públicas, cuatro privadas y dos de la sociedad civil, incluyendo obstetras, matronas, trabajadores sociales, psicólogos y pacientes. El 70% de la muestra fueron mujeres.

Además, cabe destacar que esta indagación surge a raíz de las cifras entregadas por el Ministerio de Salud: desde enero de 2018 a septiembre de 2022, se han registrado solo 3.772 casos, cifra inferior a los 2.550 estimados anualmente.

Según la doctora Montero, lo anterior se debe a que existe un estigma y una gran desinformación sobre el derecho de acceder y decidir de forma segura por parte de las personas gestantes. En este sentido,recomienda “realizar una fiscalización mayor que apunte a dilucidar lo que sucede en los establecimientos de salud públicos y privados, mejorar la capacitación de los equipos y reforzar las campañas que permitan que la población conozca de la ley”, puntualiza.