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Los trastornos neuropsiquiátricos son responsables de un 23 por ciento de la carga de enfermedad en nuestro país, transformándose así en un importante problema de salud pública.

La última Encuesta Nacional de Salud evidenció que el 20 por ciento de los chilenos presenta síntomas depresivos que alteran su capacidad funcional y que más de la mitad de las enfermedades profesionales diagnosticadas en Chile están relacionadas con males mentales, como advierte el Informe Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016, que revela que esos trastornos alcanzan el 53 por ciento del total.

La implementación del Plan nacional de salud mental y psiquiatría durante los últimos 15 años y la inclusión de algunas de estas patologías en el GES han permitido disponer de una cantidad mayor de recursos humanos y operacionales para salud mental en el sector público.

A pesar de los esfuerzos, aún queda mucho por hacer. Es por eso que durante las XXVII Jornadas de actualizaciones en psiquiatría, realizadas en el salón de conferencias del Hotel Diego de Almagro de Valparaíso, destacados especialistas nacionales y de la región iniciaron el encuentro analizando –precisamente- los desafíos y complejidades que plantea la futura ley de salud mental, que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional.

A juicio del doctor Víctor Torres Jeldes, actual integrante y expresidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, “la iniciativa en cuestión es un avance para Chile, toda vez que en nuestro país no existe una legislación específica que regule, entre otros aspectos, los derechos y deberes de las personas afectadas por enfermedades o trastornos de ese tipo”.

La iniciativa también apunta a prohibir la realización de procedimientos médicos invasivos e irreversibles sin el consentimiento del afectado y, de paso, exigir la actuación de las cortes de apelaciones para autorizar y supervisar las internaciones involuntarias.

Para el psiquiatra Álvaro Cavieres Fernández, especialista del Hospital del Salvador y director e investigador del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, la iniciativa legal presenta una serie de particularidades que deberían ser observadas y enmendadas, sobre todo respecto de la ambigüedad con que en él se utilizan los términos “enfermedad mental”, “discapacidad psíquica” o “capacidad de consentimiento”.

“La mayoría de las personas que padecen una enfermedad mental no sufre de discapacidad ni tiene dificultades para consentir, por lo que esos términos no deberían ser empleados como sinónimos. Es llamativo, además, la aparente exclusión de trastornos neurológicos como las demencias, que sí pueden presentar esas características”, argumentó. 

El programa de esta última versión consideró, además, presentaciones relativas a las internaciones involuntarias, los problemas de la psiquiatría comunitaria, la hipótesis inmunológica de la esquizofrenia, depresión y respuesta inflamatoria y elementos para diagnosticar el trastorno de ansiedad social en Chile, entre otras.

Temas que fueron revisados por los doctores Hernán Villarino Herrería, Sergio Ruíz Poblete, Ximena Torregrosa Muñoz, Alberto Botto Valle y Jorge Mahaluf Zacur; y los psicólogos Juan Antonio Bustamante Donoso y Pablo López Silva.